Columna especial para Diario Cambio de Salto
Jueves 11 de enero de 2024
Por la Dra. Ma. Cecilia Eguiluz
Volvemos a hablar sobre el problema que enfrentan varios productores, acopiadores y trabajadores salteños ante la inminente aplicación del Decreto Departamental Nº7.572/2023, que extendió la zona de exclusión, prohibiendo así la venta al por mayor de productos hortifrutícolas, miel y flores en las zona en las que actualmente están.
Esta decisión del gobierno departamental está fundamentada en que deben fortalecer la Central Hortícola del Norte (CHN). Pero, analicemos qué es lo que está sucediendo; por un lado la CHN necesita abrir sus puertas y funcionar, un punto en el cual nadie está en desacuerdo. Por otro lado, surge el problema al momento en que la Intendencia, para promover eso, hace un ultimátum a quienes ya tienen sus emprendimientos propios de acopio y venta en la zona incluida en este último Decreto. Es así que, los obliga a clausurar sus emprendimientos comerciales este 1º de marzo, pretendiendo beneficiar el nacimiento de la CHN.
La base argumental del decreto mencionado es, mínimamente, irracional, y personalmente no comparto su contenido ni su espíritu. Los emprendimientos que hoy pretenden clausurar están legalmente instalados y habilitados por las normas departamentales hasta el año 2030. Pero, la comuna decide cambiar las reglas de juego de un plumazo y clausurar esos negocios obligando a los empresarios a mudarse, a abandonar las inversiones que hicieron y que aún estaban habilitadas por 6 años. A mi entender este cambio va a traer aparejado perjuicios económicos y sociales, lo dicta el sentido común, al romper la proporcionalidad que deben tener las normas por la cual los perjuicios deben ser menores que los beneficios que ocasionen a los contribuyentes.
Este Decreto departamental es un ultimátum irracional e innecesario, que prioriza el interés tanto del gobierno departamental como del gobierno nacional de inaugurar algo, pero termina afectando a un sector productivo ya castigado, en un departamento con gran desempleo y con una actividad económica comprometida. Seguramente además será objeto de análisis la posibilidad de recursos de inconstitucionalidad frente a una norma departamental que puede dañar intereses directos, personales y legítimos de los afectados.
A mi, en lo personal, lo que más me preocupa no es que haya sido la intendencia del Frente Amplio que tuvo esta desafortunada iniciativa, lo que más me preocupa es que ediles del frente amplio, del partido nacional y del partido colorado lo hayan aprobado porque cuenta con 26 en 26 votos de la Junta Departamental.
Quizá realizaron todos ellos un concienzudo análisis del nivel de afectación socioeconómica que tendrá el cambio en las reglas de juego que están imponiendo. Habrán analizado, la cantidad de empresas que deberán cerrar sus puertas y perder sus inversiones de galpones y cámaras de frío, la cantidad de verdulerías que verán aumentado su costo por tener que trasladarse más lejos, los empleados que quedarán en la calle y en definitiva los juicios que pueden venir por la pérdidas a las cuales someten a las empresas solo por el hecho de cambiar las reglas de juego y romper la certeza jurídica que tenían de llegar al 2030 funcionando.
Todos deseamos que funcione la Central Hortícola del Norte, pero una cosa no quita la otra y debe respetarse y alentar a los sectores productivos y económicos, no generarles más problemas de los que ya tienen a diario.
En este tema estoy convencida de que el gobierno departamental se equivoca y los alentamos a que puedan enmendar esta situación en forma urgente, para evitar perjuicios absolutamente evitables.
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