Por Dr. Vet. Gustavo Blanco
Para Diario El Pueblo de Salto
Lunes, 3 de julio de 2023
El parlamento vivió situaciones sumamente tensas en los últimos días del 2022, durante la discusión de dos proyectos de Ley; el de la Reforma jubilatoria y el de Reestructura de adeudos de las personas físicas. En ambos fue protagonista nuestro partido Cabildo Abierto. Por un lado planteando mejoras sobre algunos aspectos sustanciales en el proyecto de Reforma de la previsión social y por otro recibiendo el revés cuando el plenario del Senado rechazó el proyecto que venía votado desde la Comisión.
Concretamente la problemática del endeudamiento familiar, es un tema que no admite dos opiniones, es de urgente resolución porque afecta a un millón de uruguayos que están ya en el clearing, de los cuales más de 650 mil son categoría 4 y 5 del BCU, considerados deudores irrecuperables. Este tema lo hemos venido tratando acá en Salto, en nuestra Agrupación política, Éxodo, que es conducida por la Dra. Cecilia Eguiluz.
En lo que va de este año y de acuerdo a lo ya anunciado por el senador Manini; CA presentó, un nuevo proyecto de Ley de Reestructura de la deudas. Esta vez con más claridad y objetividad sobre los conceptos ya mencionados en el primer proyecto y con ajustes desde el punto de vista jurídico determinando alcances y roles de los diferentes actores, a su vez estableciendo el nuevo concepto de “deuda justa”.
En el ámbito político se comparte la necesidad de una ley, sin embargo, no se vislumbra un verdadero compromiso para concretarlo, no hay voluntad definida de aprobar un proyecto.
Se ha dicho incluso, que la Dra. Dora Szafir está en contra de este nuevo proyecto. Nadie puede negar la autoridad de la Dra. en esta materia. La lectura minuciosa de sus expresiones dejan apreciaciones importantes y entendemos que sigue apoyando el espíritu de los proyectos de ley de Cabildo sobre endeudamiento.
El primer elemento que trasciende, es la inexistencia hasta el momento del tan anunciado, como postergado proyecto ley del Poder Ejecutivo, el cual brilla por su ausencia en el parlamento. Quizás no le parezca importante, o prefieren dejar todo como está; de hecho el Banco Central del Uruguay (BCU), según expresa la Dra. Szafir manifestó en el parlamento que no estaba de acuerdo con el proyecto en estudio, que se iba a resentir los préstamos, que nadie querría prestar, que el sistema colapsaría, argumento que la catedrática, no comparte.
Se puede extraer de sus expresiones, que la instancia administrativa obligatoria, referida en el proyecto es igual al anterior y compartida por el FA, y que en su defecto los actores podrían recurrir al ámbito jurídico, manifestándose en acuerdo al punto.
Otro aspecto, no menos importante, es que entiende que se le debe dar urgente tratamiento, el país no puede permitirse dejar desamparados a estos ciudadanos en situación asimilable a la “muerte civil”.
Destaca la Inconstitucionalidad de la ley 14.500 en su artículo 10 que permite la aplicación de hasta un 80% por encima de los máximos intereses bancarios en caso de mora. Sobre el particular el eminente Profesor de Derecho Constitucional Cassinelli Muñoz, dijo que cuando una ley permite la aplicación de intereses excesivos y en la Constitución se prohíbe la aplicación de intereses excesivos, esta ley es inconstitucional.
Szafir en el mismo tenor refirió al anexo de esta ley que incomprensiblemente permite la capitalización de los intereses. Esto ocurre cuando hay una alta inflación, y comenta que ni en Argentina se aplica este concepto a pesar de la hiperinflación. Por lo que en nuestro país con inflaciones bajas de menos de dos dígitos, la considera inconstitucional.
Su crítica definitivamente es en relación a que esta nueva redacción del proyecto es más ambiciosa, lo cual dificultará su aprobación, no que esté en contra del proyecto en sí y lo dice expresamente.
Por tanto, es hora de dejar la demagogia y de proteger a los poderosos y empezar a pensar con honestidad en la gente que realmente sufre este flagelo cotidianamente, y analizar seria y comprometidamente el proyecto de CA, no hay lugar a demoras politizadas.
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