Columna especial para Diario El Pueblo de Salto
Por la Comisión de Asuntos Políticos de Éxodo del Siglo XXI
Lunes 15 de enero de 2024
Ya estamos ingresando en la segunda quincena de enero, como quien no quiere la cosa, pasaron las fiestas y podemos decir que inició el año. Este 2024 va a estar marcado por las elecciones internas, legislativas y balotaje, es vital insistir en que se coloquen en la agenda de discusión política los temas trascendentales para la población ya que solo podemos elegir una vez cada cinco años.
Como lo dice nuestro líder, el Senador Guido Manini Ríos, los temas de relevancia para nuestros compatriotas deben ser el motivo de mayor dedicación, compromiso y desvelo de los políticos. Es por ese motivo que en Éxodo nos hemos comprometido en seguir esa premisa.
Es así que en hasta el mes de abril estaremos dedicados prioritariamente a la recolección de firmas para habilitar el Plebiscito contra la Usura y Por Una Deuda JUSTA. Es nuestra prioridad permitir que todos los salteños que quieran firmar, puedan hacerlo, de manera de poner un límite máximo a las tasas de interés y otorgar herramientas jurídicas válidas para que los deudores puedan pagar una deuda justa y reintegrarse en el sistema financiero.
Para quienes aún no firmaron y quieran hacerlo estaremos todos los domingos por la mañana en la zona de feria de la plaza de Deportes, en la esquina de Brasil y Blanes en la casa de Eguiluz. O pueden contactarse con nosotros al celular 091 637 150.
Nos queda poco tiempo para finalizar exitosamente esta tarea voluntaria y positiva que implica habilitar el plebiscito para beneficiar a una gran mayoría de compatriotas, necesitamos su firma para completar las 300 mil que harán posible el cambio real y beneficioso en las reglas de juego.
Pero además de esta acción, no descuidamos otros temas importantes y actuales, por ejemplo nos preocupa la situación de los operadores de ventas al por mayor de Productos Hortifrutícolas, que por el Departamental Nº7.572/2023, van a tener que clausurar sus emprendimientos comerciales el próximo 1º de marzo. En forma inconsulta, y arbitraria a nuestro entender, la Intendencia y la Junta Departamental de Salto con el voto de Ediles del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado resuelven cambiar las reglas de juego, adelantando 6 años la aplicación de la zona de exclusión, lo cual causará perjuicios a productores, empresarios y trabajadores de Salto.
Los emprendimientos mayoristas mencionados estaban autorizados por las normas departamentales hasta el 1º de enero del año 2030, es por esa certeza jurídica que cualquier privado, confiado en el estado de derecho y amparado por las normas, invierte, genera empleo y movimiento comercial. El gobierno departamental a nuestro juicio se equivoca, porque a quien invirtió y proyecto un negocio, a quien mueve parte de la economía de un departamento que tiene alto desempleo y actividad económica resentida, de un día para el otro le adelanta los plazos y lo obliga a cerrar sus galpones y sus cámaras de frió en dos meses. Estamos hablando que se van a ver afectados emprendimientos que nuclean a más de 120 trabajadores jefes de familia, muchos que hace más de 30 años brindan un servicio eficiente a la población salteña, sin olvidar que esto puede repercutir en la cadena comercial de productos hortifrutícolas.
Hoy, la dimensión estructural que tienen construida los emprendimientos que se resolvió cerrar este gobierno, suman más de 6.000m2 techados y activos, más cientos de metros cúbicos de cámaras de frío, inversiones hechas con esfuerzo, con trabajo desde la madrugada y día a día.
El gobierno departamental está a tiempo de encontrar una salida a este problema que generó, a nuestro entender deben otorgarles un plazo mínimo de dos años, ya que no están dispuesto a respetar la fecha que establecía la norma vigente hasta hace un par de meses, que permitía que la gente trabajara tranquilamente hasta el 1º de enero de 2030.
Nosotros desde Éxodo de Cabildo Abierto queremos dejar muy clara nuestra firme opinión en este tema, pidiendo a los actores políticos departamentales que revean esta medida en forma urgente, antes que genere más perjuicios que beneficios.
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