Columna especial para Diario El Pueblo de Salto
Por la Comisión de Asuntos Políticos
Éxodo XXI – Cabildo Abierto / La lista de Cecilia Eguiluz
Lunes 19 de febrero de 2024
Es común, que cuando las situaciones se complican en nuestra actividad, cualquiera que sea, nos cueste asumir cuánto de esa complicación es por nuestra causa. Muy poca gente está dispuesta a aceptar que es responsable con sus acciones o decisiones cuando se trata de algo que no logró el objetivo deseado.
En estos casos hay dos tipos de comportamientos: por un lado el más sencillo y honesto, que es aceptar la responsabilidad, pedir disculpas si corresponde y enmendar esa falta o equivocación, reviendo y rectificando la causa. Y el otro comportamiento, es el de intentar justificar de cualquier manera lo que se hizo mal. Para ello no hay nada mejor que buscar y apuntar la mirada hacia otros actores, rememorando aquella vieja premisa que dice que “las culpas son ajenas”.
Vamos a referirnos ahora al tema actual, el que nos llevó a esta reflexión; el Decreto de clausura a los acopiadores de frutas y verduras de Salto y la actitud de varios integrantes del sistema político salteño.
Desde hace un tiempo, y ahora en forma frecuente y reiterada, se está pretendiendo incorporar en la opinión pública que se ha politizado el tema de la Central Hortícola; que los operadores reclaman respetar el plazo establecido en el Decreto anterior, que habilitaba sus negocios hasta el 1° DE ENERO DE 2030.
Este argumento lo presentan como algo novedoso y reciente en la discusión del tema, y que es traído por los operadores. Nada de esto es así, el tema está inserto desde el inicio y por quienes crearon la CHN. También es mentira que este reclamo es algo novedoso y reciente, pues apenas la Junta aprueba, unánimemente este Decreto, se escuchó la voz de los empresarios y nosotros desde Éxodo XXI nos hemos puesto el tema al hombro y dijimos que esto estaba mal y que era un atropello, como lo hicimos en la columna en este mismo medio el 4 de diciembre del 2023 (https://exodo-xxi.ca/diario-el-pueblo-central-horticola-del-norte-parte-1/)
La ley 20.052 que crea la CHN, en el Art. 4; determina cómo estará integrada la Junta Directiva. Dice que serán 5 miembros,” el E); miembro designado por la Comisión Consultiva; D), representa a los Operadores, el C) designado por las agremiaciones de productores al norte del RN, el B), designado por el MGAP, y A) un miembro designado por la Intendencia de Salto.”
Los cargos A y B, serán secretario general y presidente en forma alterna.
Por tanto, el Gobierno Nacional a través del Poder Ejecutivo, designa un representante y el Gobierno Departamental otro representante, además, dice expresamente que durarán en el cargo UN período de gobierno. Es correcto interpretar que estos cargos son Designaciones Directas; por lo que no es casualidad que, en la Comisión INTERINA, se hayan designado al presidente del PN departamental, y también a militantes del FA. Lo que es nada más que cumplir con la letra de la ley.
Por tanto, la politización está implícita desde su creación.
El segundo aspecto, es que quienes acusan a los productores de haber hecho un cambio de postura, o de demagogia por decir que están de acuerdo con la CHN pero solicitar más plazo, omiten decir; y no creo que ingenuamente, que el Decreto, CAMBIA LAS REGLAS de juego y por tanto CAMBIA EL ESCENARIO de cualquier acuerdo, por lo que, al derogar el decreto 6411/2009; se estaba derogando en forma tácita todo tipo de acuerdo que se haya hecho en el marco de esa norma.
O acaso pretenden alterar las condiciones y que los damnificados digan Amén. ¿O se subestima, la capacidad de los operadores pretendiendo arrearlos por el mero hecho de la posición de poder?
No se puede pedir cumplimiento si los primeros que incumplimos somos nosotros. Por tanto, es absolutamente legítimo el reclamo por parte de los operadores de que se mantenga el plazo del 1° de enero de 2030.
Para terminar, otorgarles a los operadores, condiciones diferentes a unos de otros, tampoco formaba parte de ningún acuerdo previo. Se pretende, amparados en la mayoría legislativa, sembrar la desigualdad entre los empresarios, otorgándoles prebendas y donaciones a unos, y multas a otros. No se comparte que estas sean las formas ni los caminos para crear las condiciones de armonía y equilibrio necesarias para que el objetivo final, que es la consolidación de la CHN, se lleve a cabo y finalmente se cierren las actividades, en enero de 2030.
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