Diario El Pueblo: Jugar con la plata ajena
Columna especial para Diario El Pueblo de Salto
Por la Comisión de Asuntos Políticos de Éxodo del Siglo XXI
Lunes 22 de enero de 2024
En noviembre de 2023 el Gobierno Departamental aprobó el Decreto 7572/2023, que establece para este 1º de marzo, en menos de 40 días, la clausura de emprendimientos privados dedicados a la comercialización mayorista de frutas, verduras y miel que están localizados en una amplia zona de exclusión que el mismo decreto determina.
Los productores y acopiadores que se verán afectados han realizado inversiones de miles de dólares ya que tenían la certeza jurídica de que podían funcionar hasta el año 2030, porque así se estableció en el Decreto 6411/2009.
Nuestro país se jacta, entre otras cosas, de tener un Estado de Derecho sólido y de dar certeza jurídica a los inversores, esa es una de las mayores cartas de presentación que tiene Uruguay, por lo tanto cabe lo mismo para nuestro departamento. Pero resulta que cuando se trata de inversiones de nuestra propia gente de Salto, al parecer, esa premisa no aplica.
Durante años productores y empresarios salteños con gran esfuerzo encontraron la forma de comercializar los productos locales, así como acceder a productos de otros lados y lo hicieron a su costo y con su trabajo. El marco legal vigente hasta 2030 les permitió invertir e instalarse con reglas de juego claras, con certeza jurídica y por eso arriesgaron, invirtieron, algunos sacaron créditos, firmaron contratos y establecieron compromisos.
Hoy de un plumazo le cambiaron las reglas de juego, al plazo de 2030 lo cambiaron a 2024, sin consultar absolutamente nada a quienes van a ser perjudicados en forma personal y directa.
Esta decisión autoritaria, inconsulta, sin dudas va a generar perjuicios económicos a productores, empresarios y trabajadores salteños. Más de 120 personas en forma directa se verán afectadas, miles de dólares de inversión se van a perder y seguramente muchos litigios tendrán lugar por esa decisión de la Intendencia de Salto y los Ediles frenteamplistas, blancos y colorados. Es también predecible que esta acción del gobierno departamental provoque reclamos a la comuna por los perjuicios causados y seremos todos los salteños quienes terminaremos pagando. Todo esto puede ser evitado, insistimos, como lo viene diciendo la Dra. Cecilia Eguiluz, que el gobierno departamental debe dejar sin efecto el Decreto 7572/2023 o en último caso prorrogar su entrada en vigencia.
No estamos en desacuerdo con la existencia de una Central Hortícola, por el contrario, hace más de 30 años que Saltó la debía tener. La discusión no es Central Hortícola sí o no, porque está claro que si ese emprendimiento funciona de manera eficiente los productores van a ser cola para ingresar y ningún empresario va a querer quedar afuera. Eso sucede cuando las cosas están bien hechas. El punto que sí estamos discutiendo y advirtiendo es el error que implica el Decreto 7572/2023 que impone clausurar emprendimientos comerciales que estaban autorizados hasta el 2030, los cuales además ni siquiera fueron consultados, esa decisión del gobierno departamental es jugar con la plata ajena y esperemos que sea revisada cuanto antes.
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